ENTRE LAS DIFERENCIAS

Después de la conversación que tuve hoy en el grupo de la Mesa Técnica Médica, entendí lo siguiente: Antes de la Ley 100, estaban estos subsistemas, por decirlo así: uno asociado al Instituto de Seguros Sociales, con cobertura a las personas que trabajaban y su grupo familiar; y la beneficencia, que atendía a las personas de escasos recursos no trabajadoras. En ambos, la cobertura era deficiente y las personas tenían que financiar la mayoría de sus tratamientos. También la actualización tecnológica, creo que dependía de los aportes que el Estado hiciera a la red hospitalaria y la gestión de un buen o mal gerente; por eso muchos hospitales se quedaron con tecnologías de la edad de piedra. Aquí predominaron más los beneficios laborales en los trabajadores del sector salud.

Los trabajadores públicos tenían todos los beneficios de ley y adicionales, pero se encontraban barreras de acceso laboral como el clientelismo y la política. En el privado también eran profesionales vinculados.

Con la aplicación de la Ley 100 se forman dos regímenes: contributivo y subsidiado, donde la financiación era solidaria entre el Estado y el trabajador. La salud toma un giro comercial y dan una participación más decisiva al sector privado; al entrar en las leyes de oferta y demanda, aumenta la cantidad de hospitales privados y con ello la necesidad de más trabajadores, pero también permitió un modelo de contratación más enfocado en el costo-beneficio que, en el bienestar del trabajador, entrando así en una vulneración de derechos y pérdida de garantías. La cobertura en salud aumentó significativamente y, al principio, la atención integral asumió los costos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación (actualmente eso desmejoró y al paciente le está tocando asumir sus costos de tratamientos). A la red de hospitales públicos le tocó entrar en esa guerra comercial de competitividad para ser contratado en relación con los hospitales privados nuevos que llegaban; pero en los municipios pequeños, donde solo la ESE era el único actor, permitió más obsolescencia tecnológica y de infraestructura por el centralismo y la politiquería.

Los modelos de contratación del personal de salud cambiaron en ambos regímenes a modelos más flexibles y costo-beneficiosos para la institución de salud, pero más desgastantes para el trabajador.

Tanto en el sistema actual como en el anterior, la corrupción ha sido el factor predominante en la pérdida de recursos y, con ello, de atenciones. No se magnifica, entonces, si un sistema centralizado como el anterior es mejor a uno descentralizado como este en relación al manejo de los recursos, ya que en ambos se evidencia que no han tenido una vigilancia y un control de los recursos y gobierna la corrupción.

Finalmente, considero que se debe aprender de ambos sistemas y dejar lo mejor de cada uno: en cobertura y gestión de riesgo, las EPS tienen la data y la experiencia; y el pago, que sea directo desde el Estado a las IPS, ya que el sistema actual perdió con -1.0 este tema.

El sistema que se implemente debe, sin duda alguna, conservar los principios y valores de la Ley 100, pues se interpretaron como derechos y cuidados del paciente; pero también debe entender que es un modelo dinámico con actores dinámicos: mientras al especialista le conviene un tipo de contratación, al médico general, personal de salud y afines, otro tipo, siempre y cuando sea a favor de la protección de los derechos laborales, que son de orden colectivo. El centralismo en la red de hospitales públicos debe desaparecer para permitir que no haya politiquería ni clientelismo, y haya estabilidad laboral y desarrollo tecnológico actualizado.

La integralidad de los actores debe ser profunda a través de un sistema de información único o, por lo menos, compartido con movimientos en tiempo real que incluya a los entes de control, los cuales deben tener un papel más determinante en este modelo, a tal punto de crear una institución entre Fiscalía, Contraloría, Personería, Minsalud y Supersalud con acciones que permitan sanciones disciplinarias agresivas en contra de la corrupción.

Obviamente, todo esto debe estar enmarcado en un régimen especial social, ya que los trabajadores de la salud somos un porcentaje muy significativo de fuerza laboral en el país.